Compliance Penal

Con la entrada en vigor el día 23 de diciembre de 2010 de la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que reformó la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, se introducía la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Hecho absolutamente novedoso. Ello suponía que las personas jurídicas pudieran ser considerados "sujetos activos del delito", viéndose implicadas en procesos penales y pudiendo responder por ilícitos penales cometidos por sus administradores, e incluso por sus empleados, por no haber prevenido la comisión de delitos en su seno.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica nuevamente la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se produce, en palabras de la Exposición de Motivos de la Ley orgánica 1/2015, “una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (...) con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», (...)” y estableciendo los requisitos que deben contar los llamados “modelos de Organización y Gestión” en el artículo 31 bis apartado 5.

Servicios principales:

  • Modelos de Organización y Gestión – Planes de Prevención de Riesgos Penales: análisis previo, elaboración, implementación, control, revisión, mejora y protocolo de crisis.
  • Mapa de riesgos penales
  • Planes Anticorrupción y Manuales de Prevención de “Blanqueo” de Capitales
  • Sistemas de gestión de Compliance Penal (UNE 19601, ISO 37001)
  • Formación de Directivos, Empleados y “Compliance Officer”.
  • Revisión y asesoramiento externo