¿Qué debo saber?

Que con la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio del Código Penal se introduce la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico y como consecuencia, la abolición del viejo aforismo romano “societas delinquere non potest”, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introduce el artículo 31 bis del Código Penal en el que se recoge la recomendación de contar con Programas de Cumplimiento Penal, que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevención de delitos, impulsando con ello buenas prácticas empresariales, así como el fomento de una cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones.

En 2016 la Fiscalía General del Estado publica la primera Circular 1/2016 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica en 2015. Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los Programas de Cumplimiento en las empresas, que tras la reforma se configuran como posibles eximentes de la responsabilidad penal.

Este nuevo escenario implica que las empresas a través de su Gobierno Corporativo tienen que asumir la implementación de los debidos sistemas de prevención y control de Corporate Compliance con el objetivo de evitar riesgos de ilícitos.

Todo esto ha dado lugar a un gran movimiento en torno al concepto anglosajón “Corporate Compliance”: gestionar de una manera ética la forma de hacer negocios, siendo íntegros en el cumplimiento de las leyes, normas y demás contenidos de Softlaw, así como con los compromisos adquiridos y responsabilidades derivadas de ellos con la organización y con sus Grupos de Interés.

La intención del regulador es la de ayudar a tener empresas competitivas, basadas en el Buen Gobierno Corporativo, responsables, cimentadas en valores éticos y principios de actuación que generen confianza, progreso y buena reputación.

Los programas de Compliance son una apuesta firme del legislador en la lucha contra la delincuencia, involucrando a la empresa como motor de prevención fomentando la Cultura Ética, la RSC y Sostenibilidad empresarial.

Organismos Internacionales de reconocimiento mundial (ISO, UE, GRI, Etc.) trabajan en la elaboración de normas y recomendaciones consensuadas por expertos en la materia para su implementación en las organizaciones (adaptadas en su elaboración a la legislación y circunstancias de los países desarrollados).

En concreto, las Normas ISO se basan en la experiencia internacional y son un recurso vital para los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas ya que son desarrolladas a través de un proceso de múltiples partes interesadas. Estas normas son en muchos de los casos certificables, añadiendo valor, confianza, reconocimiento y por lo tanto ventaja competitiva a la labor bien hecha.

Cabe destacar las siguientes normas Internacionales aplicables a nivel mundial en los temas que nos atañen: la ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance, ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno, ISO 26000 Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ISO 27001 Gestión de la Seguridad de la Información, ISO 31000 Gestión del Riesgo, entre otras, que nos orientan en la elaboración e implantación de medidas de Cultura Ética y Buen Gobierno Corporativo en las empresas, incidiendo en la prevención de riesgos, el control, la corrección y la concienciación.

El 18 de mayo de 2017 se publicó el Estándar Nacional Español, la Norma UNE 19601, sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Norma que permitirá homogenizar criterios sobre los sistemas de gestión en Compliance Penal, hablar un lenguaje común, y facilitar el desarrollo de cultura ética y cumplimiento en las organizaciones, con reconocimiento por altas instituciones y mercados nacionales e internacionales en el marco de buenas prácticas y lucha contra la corrupción.